Los derechos a la libertad de expresión y de información se relacionan con varios de los retos que enfrentan los Estados para alcanzar el Desarrollo Sostenible pero se vinculan de un modo particularmente intenso con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas” promovido por la Organización de las Naciones Unidas, relacionado con el deber de los Estados de “promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”.
Para la evaluación sobre el progreso en el logro de las metas de este objetivo se han construido indicadores que incluyen:
El número de casos verificados de homicidio, secuestro, desaparición forzada, detención arbitraria y tortura de periodistas, miembros asociados de los medios de comunicación, sindicalistas y defensores de los derechos humanos, en los 12 meses anteriores; y
El número de países que adoptan y aplican las garantías constitucionales, reglamentarias y/o normativas para el acceso público a la información (Naciones Unidas, 2015).
Los derechos a la libertad de expresión y de información constituyen, sin lugar a duda, derechos fundamentales expresamente enumerados en la Constitución, pero simultáneamente constituyen garantías institucionales del sistema democrático.
Naturalmente que, como todo derecho fundamental, las libertades de expresión e información pueden ser susceptibles de determinados límites que resulten proporcionales y constitucionalmente legítimos pero su ejercicio será fundamental para lograr el desarrollo.
En ese sentido, el aporte del trabajo de investigación anual del Centro de Estudios de Derecho Procesal Constitucional, consiste en presentar el desarrollo jurídico de estos dos pilares de la democracia, a la luz de las metas planteadas para alcanzar el Desarrollo Sostenible, a través del Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº 16 de Naciones Unidas de “Paz, justicia e instituciones sólidas”.
Se busca colocar en el debate público los nuevos desafíos que afrontan los Estados para la garantía de sociedades plurales, democráticas y el debate libre, para la construcción de instituciones de justicia sólidas.
En agosto del 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2020) identificó en el contexto de la pandemia por COVID-19 la importancia del “rol crítico de la prensa, el acceso universal a Internet, la transparencia y el acceso a la información pública respecto de la pandemia y las medidas que se adoptan para contenerla y enfrentar las necesidades básicas de la población”.
El presente trabajo desarrolla la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y la especial la necesidad de construir “Paz, Justicia e Instituciones sólidas” a partir del resguardo de la tutela de los derechos fundamentales, particularmente de la libertad de expresión e información.
Se presenta también el desarrollo general de la libertad de expresión desde el análisis de la doctrina especializada y la jurisprudencia nacional e internacional; los discursos protegidos y no protegidos por el contenido esencial de estos derechos; las tensiones entre estos derechos y derechos como el honor, los mecanismos utilizados por los órganos jurisprudenciales para resolverlo y otros interesantes temas.
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